Polémica por la campaña Última Oportunidad del Centro Wiesenthal

“El paso del tiempo no convierte a los culpables en inocentes”, dice un ‘cazador de nazis’.

Los cazadores de nazis creen que menos de un 20% de los responsables de atrocidades cometidas durante la II Guerra Mundial han sido identificados y juzgados. Pero el Centro Simon Wiesenthal no se da por vencido y ha ampliado este verano a varios países europeos la operación Última Oportunidad para capturar a criminales de guerra. El método de esta campaña, la recepción de denuncias por teléfono, ha provocado amplias polémicas en Polonia y Hungría.

“Realmente es la última oportunidad para hacerlo. Tenemos unos cinco años antes de que todos se hayan ido”, ha asegurado el cazador de nazis Ephraim Zuroff, responsable de esta campaña lanzada en siete países y que el centro pretende extender a un total de 11, entre otros Alemania, Ucrania y Argentina. “A no ser que hagamos algo imaginativo, muchos criminales no serán juzgados nunca”.

Los métodos utilizados en esta operación, que comenzó en 2003 en Estonia, Letonia y Lituania, que continuó en Rumania y Austria y que este verano se ha ampliado a Hungría y Croacia, son los que han despertado mayor polémica: ofrecer recompensas de 10.000 euros a través de anuncios en prensa, establecer líneas de teléfono para recibir denuncias, así como campañas publicitarias. En las paradas de autobús de Bucarest podían verse este verano carteles con la imagen de un niño abrazado por su
padre tomada durante el pogromo de Iasi, en el que, en junio de 1941, 10.000 judíos fueron deportados.

El texto asegura: “Gustav Segal murió pensando en su familia. Su historia es la todos los judíos masacrados en Iasi en 1941”.

“Todavía hay miles de criminales de guerra en Europa. Estamos allí donde los judíos fueron sesinados. También es en esos países donde quedan más testigos”, explicó Zuroff, que comenzó trabajando para el departamento del FBI que se ocupa de los criminales de guerra, antes de convertirse en el responsable de cazadores de nazis del CentroWiesenthal. “Nadie sabe cuántos quedan en Europa, pero si definimos como criminal de guerra a alguien que colaboró de alguna forma en el asesinato de civiles inocentes durante la II Guerra Mundial, estamos hablando de mucha gente”, agregó.

A través del teléfono, se piden detalles sobre el denunciante, el crimen y la persona que lo cometió.
El Centro Wiesenthal asegura que investiga las denuncias antes de ponerlas en conocimiento de la fiscalía del país. La campaña ha permitido abrir cerca de 300 investigaciones, de las que 72 dieron resultados positivos. Esos datos fueron enviados a los fiscales locales, que han iniciado 15 procesos por asesinato, aunque no se ha celebrado ningún juicio todavía. El Centro Wiesenthal ha explicado que los motivos por los que lanzó la campaña son “la avanzada edad de los sospechosos y de los testigos, la dificultad para obtener testimonios creíbles para crímenes cometidos hacemuchos años y la falta de voluntad política para perseguir a criminales de guerra enmuchas sociedades
poscomunistas”.

Aunque no han discutido que se persiga hasta su último aliento a los responsables del Holocausto, algunos historiadores, intelectuales y expertos en la Shoah de los países en los que se ha lanzado la campaña han puesto en duda la legitimidad y la utilidad de las denuncias telefónicas. “Creo que puede enriquecer a algunas personas, pero no servirá para procesar a criminales de guerra húngaros. Por 10.000 euros ya se han presentado siete denuncias.Me temo que en el caso de que sólo uno de esos ancianos sea detenido, juzgado y liberado por falta de pruebas, la prensa ultraderechista estarámuy contenta.

Esta campaña podría aumentar el antisemitismo”, asegura LaszloKarsai, experto en el Holocausto y profesor de la Universidad de Szeged, en el sur de Hungría, uno de los países donde la campaña ha despertado una mayor polémica. En Polonia, el conocido político y respetado historiador, de origen judío, Bronislaw Geremek, mostró a la BBC su oposición a una campaña “que ofrecía dinero a cambio de información”. El defensor del Pueblo húngaro encargado de la protección de datos, Attila Peterfalvy, puso en duda la legalidad de la operación. “En Hungría, las organizaciones extranjeras sólo pueden recoger datos personales con permiso de los afectados”, explicó Peterfalvy a la radio pública estadounidense. “Las reticencias de Peterfalvy causaron la dimisión del primer responsable del programa en Hungría, Iván Beer”, señala el profesor Karsai desde zeged. Andras Daranyi, director del Centro Húngaro del Holocausto, apoyó la campaña, pero ha reconocido que estaba mal concebida “porque podía tener un cierto aire de venganza y nosotros no queremos venganza”. “El paso del tiempo no convierte a la gente culpable en inocente”, aseguró Zuroff a la prensa húngara. El cazador de nazis insistió en que el programa continuará “cuando sea nombrado un nuevo coordinador”. “Todo esto es un intento para evitar que la colaboración de los húngaros con la Shoah salga al debate público. Tenemos una obligación hacia las víctimas y estamos trabajando contra el reloj”.

EFE, París